El ámbito de la sostenibilidad corporativa en España se encuentra en un momento de transición crucial, marcado por la coexistencia de la Ley 11/2018, la futura Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (LIES) y las recientes directrices europeas que buscan suavizar las exigencias de sostenibilidad empresarial. Este escenario, complejo y en constante evolución, plantea tanto desafíos como oportunidades para las empresas españolas, que deben navegar entre normativas nacionales y europeas en un contexto de creciente demanda de transparencia y responsabilidad corporativa.

La muy reciente directriz de la Comisión Europea, anunciada en febrero de 2024, introduce un nuevo elemento en el panorama regulatorio. Bruselas ha lanzado un plan para suavizar las exigencias de sostenibilidad empresarial, con el objetivo de reducir los costes asociados a la implementación de estas normativas en aproximadamente 6.300 millones de euros. Este plan busca equilibrar la necesidad de promover prácticas sostenibles con la realidad económica de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PYMES), que a menudo enfrentan mayores dificultades para cumplir con los requisitos regulatorios.

Las nuevas directrices europeas proponen una mayor flexibilidad en la aplicación de las normativas de sostenibilidad, permitiendo a los Estados miembros adaptar los requisitos en función de las características específicas de sus economías y sectores empresariales. Esto podría significar una reducción en la carga administrativa para las empresas, así como un enfoque más gradual en la implementación de los estándares de reporting no financiero.

La adopción de estas directrices por parte de España podría tener un impacto significativo en el panorama regulatorio nacional. Por un lado, la futura LIES, que ya estaba alineada con los estándares europeos, podría verse modificada para incorporar esta mayor flexibilidad. Esto podría implicar una reducción en el alcance de los requisitos de información no financiera para ciertas empresas, especialmente las PYMES, y un enfoque más pragmático en la aplicación de las normativas.

En este escenario, la verificación externa de la información no financiera seguirá siendo un pilar fundamental. Tanto la Ley 11/2018 como la futura LIES (si llega a aprobarse) establecen la necesidad de que los informes de sostenibilidad sean verificados por entidades independientes, supervisadas por el ICAC. Este proceso tiene como objetivo garantizar que los datos presentados sean confiables y estén alineados con los estándares requeridos. Sin embargo, la efectividad de la verificación dependerá de la rigurosidad con la que se aplique y de la independencia de quienes realizan estas auditorías. Sobre esta cuestión de la identidad del verificador, también existe un reciente debate en España promovido por parte de algunos de los políticos actualmente en el Gobierno, partidarios de vetar a las compañías auditoras existentes en la verificación de los informes de sostenibilidad.

El panorama regulatorio en materia de sostenibilidad en España se encuentra en un momento de transformación, marcado por la coexistencia de normativas nacionales y europeas en constante evolución. La Ley 11/2018, la futura LIES y las nuevas directrices europeas plantean un escenario complejo, en el que las empresas deben equilibrar la necesidad de cumplir con las normativas vigentes con la preparación para los cambios que se avecinan.

Las nuevas directrices europeas, que buscan suavizar las exigencias de sostenibilidad empresarial, podrían tener un impacto significativo en España, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación de las normativas y reduciendo la carga administrativa para las empresas. Sin embargo, es fundamental que esta flexibilidad no comprometa los objetivos de transparencia y sostenibilidad, y que las empresas sigan comprometidas con la adopción de prácticas auténticamente responsables.

En última instancia, la sostenibilidad no es solo una cuestión de normativas, sino de acciones concretas que generen un impacto positivo en el mundo. La colaboración entre empresas, reguladores y verificadores será clave para construir este futuro, en el que la sostenibilidad sea una prioridad compartida y no solo un requisito regulatorio.

Francisco Jimeno
Eudita Albacete