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Novedades nombramiento auditor por registrador mercantil o por órgano judicial

12 Abril 2021 Únase a Eudita

El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, con entrada en vigor de la mayoría de su articulado a partir del 31 de enero de 2021 presenta una novedad importante en aquellos casos en los que se produce el nombramiento de auditor de cuentas a instancias del Registrador Mercantil o del órgano judicial.

De acuerdo con lo indicado en el ordinal 4 del artículo 11 de la citada norma:

    a) Los auditores de cuentas podrán solicitar caución adecuada o provisión de fondos en garantía del pago de sus honorarios antes de iniciar el ejercicio de sus funciones. 
    b) Dicha garantía deberá ser prestada por la entidad en el plazo de diez días naturales desde la notificación de su solicitud por el auditor de cuentas. 
    c) De no prestarse la garantía en el plazo establecido el auditor podrá renunciar al contrato, debiendo comunicarlo al registrador mercantil o al órgano judicial que lo nombró. 

Especialmente interesante pueden resultar estas circunstancias en el momento actual (abril) en el que suelen hacerse las designaciones por dichos órganos citados para este tipo de auditorías. A este respecto, señalar que el BOE de 8 de marzo de 2021 contiene el Acta del Registro Mercantil central en la que se hace constar que se ha “celebrado el sorteo a las 9:00 horas del día 1 de marzo de 2021, en el Registro Mercantil Central, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 355 del Reglamento del Registro Mercantil, en orden a determinar la letra del alfabeto con la que cada Registro Mercantil iniciará el orden de nombramiento de auditores” por lo que es de esperar que comiencen a realizarse los citados encargos de auditoría.

De esta manera, la competencia para el nombramiento de auditor dispuesta en el artículo 265 de la ley de sociedades de capital (en el caso del Registro Mercantil), y/o la tramitación establecida también para el nombramiento en los artículos 121 a 123 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria (en el caso del Juzgado Mercantil), viene a completarse ahora de manera reglamentaria con esta disposición contenida en el nuevo reglamento de auditoría que, de alguna forma, parece inspirada en el espíritu del artículo 342.3 de la ley de enjuiciamiento civil que se ocupa de la provisión de fondos a los peritos designados judicialmente, si bien la diferencia esencial entre ambas disposiciones estriba en la persona sobre la que recae la obligación de prestar la garantía. En el caso de los peritos judiciales, la provisión de fondos la deposita la parte que ha propuesto la prueba pericial (siempre que no se tenga derecho a asistencia jurídica gratuita) y, en el caso de que el perito designado lo hubiese sido de común acuerdo, y uno de los litigantes no realizare la parte de la consignación que le correspondiere, el letrado de la administración de justicia ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la cantidad que faltare. En el caso del nombramiento de auditor de cuentas bajo las circunstancias descritas, la norma es clara y determinante al respecto: la garantía debe ser prestada por la entidad

Está clara la voluntad del legislador de proteger al socio o accionista minoritario. Con la nueva regulación aplaudamos ahora también la protección que se hace de los intereses profesionales del auditor, que ve garantizado su derecho a la percepción de los honorarios que puedan devengarse en el ejercicio de su actividad en relación con las auditorías por designación de juzgados y registros mercantiles. En este sentido, recordemos que el mismo reglamento de auditoría de 2021 precisa en su artículo 62, en relación con los honorarios, que:

  • Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría deberán fijarse en función del esfuerzo de auditoría estimado para la realización de cada trabajo, debiendo figurar en el contrato de auditoría los criterios de determinación del precio en función de dicho esfuerzo.
  • El esfuerzo de auditoría estará determinado en cada trabajo de auditoría por el tiempo, los medios, recursos y cualificación y especialización suficientes y necesarios para su realización, por el tamaño y complejidad de la actividad u operaciones de la entidad auditada y por el riesgo de auditoría esperado.

En resumen y a modo de conclusión, es gratificante que el regulador entienda que todo esfuerzo merece su recompensa. Por nuestra parte, apelando a la ética profesional, sólo nos queda ser justos en la determinación de nuestros honorarios.

Francisco Jimeno
Socio EUDITA oficina de Albacete
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