A las puertas de la finalización del plazo de audiencia pública (abierta hasta el 6 de septiembre de  2021) del Anteproyecto de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial aprobado en Consejo de Ministros el pasado 27 de julio de 2021, bautizada como Ley Crea y Crece tiene como objetivo impulsar la creación de nuevas Empresas en España y, a la vez, fomentar el crecimiento de las ya existentes y que contiene una batería de medidas con las que se pretende reducir las actuales trabas de la administración española apoyándose en la digitalización de procesos.

Este Anteproyecto de Ley se enmarca en el Componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene por título “Impulso a las PYME” que el Gobierno remitió a la Unión Europea para hacer frente a la recuperación de la economía española de los efectos de la pandemia con un programa ambicioso de inversiones para afrontar los desafíos del futuro.

En la Exposición de Motivos se señala que el objetivo de esta ley es reducir las trabas a las que se enfrentan las empresas en su crecimiento, ya sean de origen regulatorio o financiero para lograr con ello un incremento de la competencia de los consumidores, de la productividad de nuestro tejido productivo, de la resiliencia de nuestras empresas y de la capacidad para crear empleos de calidad.

Ni que decir que este Anteproyecto ya nace con falsas expectativas en la medida que el día anterior a la aprobación del Anteproyecto, el BOE publicó con fecha 26 de Julio de 2021 la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, por lo que el objetivo de eliminar trabas de origen regulatorio cae por su propio peso, pues más que un “Impulso a la PYME” resulta un estrangulamiento.

Analicemos los pilares sobre los que se sustenta el Anteproyecto de la Ley “Crea y Crece”:

• Agilizar la creación de empresas. → Posibilidad de constituir una sociedad mercantil con un capital social mínimo de 1 euro.

Se elimina el requisito de aportación mínima de capital de 3.000 euros para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, por lo que se podrá constituir una empresa con sólo 1 euro de inversión en un plazo aproximado de 10 días y de forma digital, sin necesidad de acudir presencialmente a ningún organismo público ni notaría. Para ello, se aboga por impulsar la utilización del sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir los tiempos de constitución y los costes registrales y notariales.

• Facilitar el crecimiento y la lucha contra la morosidad. → Impulso a la digitalización.

Como medida fundamental, se promoverá el uso de la factura electrónica entre pymes modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pago entre ellas y, con el objetivo de que no sea un coste, se incluirá en los servicios subvencionados de los fondos europeos para la digitalización de las pymes, por lo que las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias de subvenciones públicas, creándose un observatorio de morosidad, ya que la generalización de la factura electrónica ayudará a transparentar los plazos de pago de las facturas.

La norma incorpora modificaciones normativas ampliando el catálogo de actividades exentas de licencia.

• Financiación del crecimiento empresarial.

Entre las medidas de apoyo financiero al crecimiento empresarial el Anteproyecto incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el “crowdfunding” o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del crowdfunding se introduce más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa, adaptando la regulación nacional a la normativa europea.

Adicionalmente, se refuerza la protección de los inversores y la creación de vehículos para agrupar inversores, y se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados para mejorar la financiación empresarial.

En el contexto actual de nuestra economía, las buenas expectativas que generan las medidas impulsadas en el Anteproyecto de la Ley “Crea y Crece” decaen por la propia realidad fáctica de los hechos y acontecimientos que sufrimos los administrados.

Bienvenido sea toda supresión de trámites burocráticos y agilizar la creación de empresas, pero lo que efectivamente requieren los emprendedores, las empresas y los inversores es seguridad jurídica y un tratamiento fiscal adecuado a su capacidad, y no la implantación de nuevas figuras impositivas para cuadrar los presupuestos públicos, ya que el recurso a la prórroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local.

En lo que tiene que ver con el impulso al crecimiento empresarial, es evidente que el coste récord de la electricidad castiga a las empresas, poniendo en riesgo tanto la rentabilidad como la competividad de muchas compañías, así como la creación de empleo.

Del mismo modo, puede resultar difícil de digerir para las pequeñas y medianas empresas la subida del salario mínimo, lo que favorece a las grandes compañías y a la salida del mercado de pequeñas empresas lo que puede conducir a un incremento de la concentración del mercado, y por tanto a una elevación de precios y a un aumento de los costes del sistema productivo. Esta Ley de impulso empresarial viene a constatar un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas.

Resulta chocante la creación de un observatorio de morosidad para vigilar de cerca el comportamiento de las compañías, especialmente en un momento complicado con problemas de liquidez o solvencia por la crisis de la Covid-19 cuando es la propia Administración la primera en incumplir, por lo que habría que poner el mismo énfasis en combatir la morosidad de las administraciones que superan con creces los plazos máximos de pagos.

Esperemos que las aportaciones que se hagan en este periodo de consulta pública que acaba de finalizar restituyan los buenos propósitos con los que el Gobierno aprobó el Anteproyecto y que la nueva Ley que salga a luz permita efectivamente dar cumplimiento a los objetivos expresados en la Exposición de Motivos del citado Anteproyecto.

                       Rafael Galmés