En los últimos años, la factura electrónica se ha convertido en una pieza clave para la digitalización de las empresas en España. Aunque a menudo se asocia con una forma más cómoda de emitir y recibir facturas, su impacto va mucho más allá: también está transformando la manera en que se realizan las auditorías de cuentas.

Uno de los mayores beneficios de la factura electrónica es que mejora la transparencia y la trazabilidad. Cada factura digital lleva consigo información que permite comprobar fácilmente quién la emitió, cuándo se creó y si ha sido modificada.

Para los auditores, esto supone una gran ventaja. Ya no se tienen que revisar cajas llenas de facturas en papel ni preocuparse por documentos extraviados. Todo está digitalizado, organizado y disponible con un solo clic.

En España, la conexión con la Agencia Tributaria a través de sistemas como el Suministro Inmediato de Información (SII) o el nuevo modelo VERI*FACTU, que está en proceso de implantación, hace que los datos de facturación sean aún más fiables. Estos sistemas permiten a las empresas enviar la información de sus facturas casi al momento, lo que mejora el control y reduce el margen de error tanto para las compañías como para los auditores.

La implantación de la factura electrónica en España no solo responde a una tendencia tecnológica, sino también a un marco normativo sólido. La obligación de emitir facturas electrónicas entre empresas y autónomos viene recogida en la Ley 18/2022, de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como la Ley Crea y Crece. Esta norma establece la factura electrónica como herramienta obligatoria para todas las operaciones comerciales entre profesionales y empresas, con el objetivo de fomentar la transparencia, reducir la morosidad y mejorar el control fiscal. La entrada efectiva de la obligación de la factura electrónica está pendiente de la aprobación del reglamento específico.

De forma paralela a la Ley Crea y Crece también nos encontramos con el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación. Este Real Decreto es que el que establece la nueva modalidad VERI*FACTU y garantiza la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.

Para los auditores, la factura electrónica supone un cambio profundo en la forma de abordar su trabajo diario. Gracias a la digitalización de los documentos, los auditores pueden automatizar muchas tareas rutinarias, como la verificación de la existencia, la numeración o la validez de las facturas. Esto reduce el tiempo dedicado a comprobaciones manuales y permite centrarse en labores de mayor valor añadido, como el análisis de riesgos o la interpretación de la información financiera.

Además, el acceso a bases de datos actualizadas y la posibilidad de cruzar información en tiempo real con la Agencia Tributaria o con los sistemas contables de la empresa mejoran la detección de discrepancias o fraudes. La auditoría se vuelve así más predictiva y preventiva, capaz de anticipar problemas antes de que se materialicen.

En definitiva, la factura electrónica no solo facilita el cumplimiento normativo, sino que también impulsa un nuevo modelo de auditoría digital, más ágil, precisa y basada en datos, que refuerza la confianza entre las empresas y los auditores.

En conclusión, la factura electrónica no solo es una herramienta de modernización administrativa, sino un catalizador del cambio en la profesión de auditor. Al automatizar procesos, mejorar la trazabilidad y asegurar la integridad de la información, está ayudando a que las auditorías sean más precisas, rápidas y transparentes.

Para los auditores, este nuevo entorno supone una oportunidad para evolucionar hacia un modelo donde la tecnología se convierte en aliada del rigor y de la confianza en la información financiera.

MIGUEL ROBERTO HERRERO
Socio Auditor de EUDITA LEÓN