El envejecimiento del personal profesional y el cambio normativo que amenaza con reducir el número de auditorías obligatorias puede desarticular un mercado esencial para la transparencia empresarial.

La profesión de auditor de cuentas en España se enfrenta a una crisis, silenciosa, pero de gran calado. Por un lado, la oferta de profesionales está disminuyendo por envejecimiento y falta de relevo generacional. Por otro, el Gobierno estudia una modificación legal que eliminaría la obligación de auditar a unas 4.000 empresas. La combinación de ambos factores supone una contracción simultánea de la oferta y la demanda en el sector. Y, desde el punto de vista económico, ese doble retroceso no puede traer consigo buenos resultados.

Según la teoría microeconómica clásica, cuando la oferta y la demanda se reducen al mismo tiempo, el nuevo equilibrio se sitúa en una menor cantidad intercambiada. Es decir: menos actividad, menor volumen de negocio y una pérdida de eficiencia general en el mercado. En el caso de la auditoría, el volumen perdido no es solo un dato económico: es también un deterioro en los mecanismos de control, verificación e integridad del tejido empresarial.

Un mercado envejecido

Hoy en día, la edad media de los auditores de cuentas en España supera los 60 años. La entrada de nuevos profesionales no compensa las jubilaciones, y la auditoría se percibe como una profesión poco atractiva para las nuevas generaciones de titulados. Los motivos son múltiples: la carga regulatoria, la presión sobre los honorarios, la percepción social limitada del valor del auditor y una carrera profesional más larga y exigente que otras opciones del ámbito financiero.

Desde la perspectiva de la teoría del mercado laboral segmentado, la auditoría se encuentra en una posición ambigua. Aunque históricamente ha sido parte del mercado primario (estable, cualificado y protegido), hoy está perdiendo competitividad frente a otros sectores más dinámicos, como la consultoría tecnológica, la analítica de datos o el corporate finance.

El resultado es una contracción estructural de la oferta: no hay suficientes profesionales para sostener el mercado a medio plazo, ni mecanismos de sustitución rápidos, dado que se trata de una profesión regulada con alta especialización.

Una demanda debilitada por norma

A este problema se suma un posible recorte normativo que afecta directamente a la demanda. El anteproyecto de modificación de la Ley de Auditoría propone elevar un 25% los umbrales que obligan a una empresa a auditarse (facturación, activos y plantilla). De aprobarse, unas 4.000 empresas dejarían de estar sujetas a auditoría obligatoria.

Esto supone un retroceso en la función preventiva y de garantía de la auditoría externa. Además, se trata de una reducción de la demanda provocada no por el mercado, sino por la regulación. Desde la teoría económica, esta clase de choques exógenos suelen generar desequilibrios y distorsiones.

En este caso, el mensaje que se transmite al mercado es que el control externo es prescindible para una parte relevante del tejido empresarial. El resultado será menor supervisión, más opacidad y, probablemente, mayor riesgo sistémico.

Menos volumen, menor eficiencia

La auditoría no es un servicio más. Es una actividad con impacto directo sobre la confianza de los mercados, la transparencia en la gestión empresarial y la toma de decisiones de inversores, entidades financieras y organismos públicos.

Los precios solo reflejan correctamente la información disponible cuando esta es veraz, oportuna y verificable. La auditoría aporta justamente ese elemento de fiabilidad. Reducir su cobertura legal y profesional supone debilitar un pilar básico del sistema económico.

Además, sabemos que los mercados tienden a ser eficientes solo cuando las condiciones de competencia y transparencia están garantizadas. La doble contracción del mercado de auditoría —oferta y demanda a la baja— nos acerca a un equilibrio más pequeño, con menos participantes, menos servicios y un entorno más frágil para la gobernanza empresarial.

¿Y ahora qué?

Para los despachos profesionales, este escenario plantea una amenaza clara. Menor volumen de empresas obligadas a auditarse implica menos oportunidades de negocio. La escasez de talento agrava los problemas operativos y limita la capacidad de crecimiento. Si, además, se consolida una percepción de que la auditoría no es esencial, el riesgo reputacional para la profesión se intensificará.

Frente a esta situación, la respuesta debe ser estratégica. Por parte del sector, es necesario reforzar el atractivo profesional, invertir en tecnología y procesos, y trasladar al mercado el valor diferencial de la auditoría. Por parte de los poderes públicos, se requiere una regulación que combine proporcionalidad con responsabilidad. Reducir la carga regulatoria no puede implicar desmantelar los mecanismos de control.

España necesita más auditoría, no menos. Más transparencia, más rendición de cuentas y más confianza. No se trata de proteger un sector profesional, sino de preservar un bien público que da soporte a la calidad institucional de la economía.

Francisco Jimeno.
Eudita Albacete