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Notas sobre la repercusión tributaria ante la ausencia de Motivos Económicos Válidos (MEV) en el Régimen FEAC. sobre la consulta DGT V2214-23 y resolución del TEAC de 22 de abril de 2024

La lectura de las precitadas consulta y resolución concretan, sin perjuicio de la aplicación futura de su contenido por los actuarios tributarios, una cuestión histórica sobre el perjuicio para el contribuyente de la aplicación de la cláusula antiabuso contenida en el 89.2 LIS ante la ausencia de MEV en una reestructuración bajo el paraguas del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores, sobre la que ya se habían pronunciado los tribunales.

Si bien el artículo citado contiene “2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal especial por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, eliminarán exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal.”, ambos textos analizados (aparentemente discrepantes) confluyen en la conclusión de que la ventaja fiscal cuyos efectos deben eliminarse al apreciar fraude o evasión fiscal, no es el diferimiento fiscal de las rentas generadas que son inherentes al propio régimen, sino las consecuencias tributarias de su aplicación.

En otros términos, podría interpretarse que tal diferimiento temporal de las ganancias que se ponen de manifiesto como consecuencia de la reestructuración no debe entenderse como una ventaja fiscal respecto de la situación tributaria anterior pues, de no haber procedido a la reestructuración no hubiera habido ganancia alguna, es decir, que la ventaja fiscal que se debe de considerar prohibida, será distinta de la del propio aplazamiento tributario.

La aplicación de ambos textos deberá provocar liquidación y sanción, en su caso, exclusivamente por las ventajas fiscales futuras (dividendos con cargo a reservas anteriores en holding, compensación de bases imponibles negativas en fusiones, …) en cada uno de los ejercicios en los que se obtenga el beneficio fiscal y no la propia de la operación consistente en el diferimiento de las ganancias que se provocan como consecuencia de las transmisiones en el seno de la reestructuración.

No obstante, surgen dudas inevitables sobre la aplicación temporal de tal criterio en el futuro …

¿La consideración de la evasión fiscal prescribirá por el paso del tiempo desde la fecha de la reestructuración?

¿Las posibles liquidaciones y sanciones sobre ventajas fiscales futuras serán “sine die” desde la fecha de la operación?

¿En qué ejercicio fiscal procederá imputar las correcciones o ajustes que se deban realizar con motivo la ventaja futura abusivamente lograda?

Si no se pone en práctica ventaja fiscal alguna (ejemplo de una operación de escisión), salvo la admitida del régimen de diferimiento ¿no habrá repercusión tributaria?

¿Se podrá considerar por MEV una reestructuración desarrollada en el ámbito de la Ley Concursal?

Parece obvio que, mientras estas incertidumbres se despejan, disponemos, al menos, de fundamento de interés (ignoro si suficiente en la practica) para poder evitar liquidaciones con motivo de que la ventaja fiscal a regularizar no debe consistir en el diferimiento propio del régimen de neutralidad.

Tiempo al tiempo …

 

Francisco Vázquez Romero. Economista, Auditor de Cuentas y Abogado

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