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Segunda prórroga de las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19 en relación a la causa legal de disolución por pérdidas

El RD-ley 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia contemplaba medidas en el ámbito concursal y mercantil entre la que se encuentra la suspensión por causa legal de disolución por pérdidas. Concretamente, el artículo 18 del citado RD Ley contemplaba que, a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, situación contemplada por el apartado 1.e) del artículo 363.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020. Esta medida fue recogida posteriormente en el artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de justicia.

Esta medida era muy similar a la adoptada por el RD-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que adoptaban medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas complementarias, que en su disposición adicional única establecía que a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la disolución por pérdidas que dejaran reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social no se computaban las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias o de préstamos y partidas a cobrar de manera excepcional en los dos ejercicios sociales que se cerraron a partir de la entrada en vigor del citado RD. Esta medida fue prorrogada hasta los ejercicios sociales que se cerraron en el año 2014.

Sin duda alguna, estábamos en presencia de una importante medida que podía evitar que una ingente cantidad de sociedades de capital se vieran abocadas a la disolución como consecuencia de las pérdidas que le hubiese podido ocasionar el cese de actividad decretado por el Gobierno con el Estado de Alarma y la profunda crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, esta medida excepcional estaba muy limitada en el tiempo puesto que solo afectaba a las pérdidas del ejercicio 2020 y su aplicación daba lugar a confusión, puesto que surgía la duda de si las pérdidas incurridas en el ejercicio 2020 no se deberían tener en consideración, ni en dicho ejercicio ni en los siguientes, a los efectos de determinar la concurrencia de disolución prevista en el artículo 363.1.e. del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ante este escenario y habida cuenta de que la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 seguía teniendo un fuerte impacto en la cuenta de resultados de las empresas españolas, se publicó del RD-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogaban determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, que en su art. 3.dos establecía que a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el art. 363.1.e del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Sin embargo, si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, conforme al art. 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

El RD-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de la Palma y de otras situaciones de vulnerabilidad contiene una conjunto de medidas para impulsar la actividad y mantener la estabilidad económica y social, apoyando a los sectores estratégicos, en particular mediante la extensión durante dos años del procedimiento especial de control de inversiones extranjeras y de la moratoria contable para las empresas viables que vieron su equilibrio patrimonial roto como consecuencia de la pandemia. Así, en su art. 65 se modifica el art. 13.1 de la Ley 3/2002 establece que a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el art. 363.1.e del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024. Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021, en el resultado del ejercicio 2022, 2023 o 2024 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al art 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

Por lo tanto, a los solos efectos de evaluar la posible causa de disolución obligatoria como consecuencia de pérdidas, las correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 no se considerarán hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024, que será el 31 de diciembre de 2024 si el ejercicio social coincide con el año natural y el 30 de junio de 2025 si, por ejemplo, el ejercicio social se inicia el 1 de julio y finaliza el 30 de junio, como es el caso de las Sociedades Anónimas Deportivas.

 

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