Recientemente leíamos en la prensa la falta de sincronía entre el Ministerio el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía en relación con la fijación del nuevo importe de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el ejercicio 2025.

Así, tenemos noticias acerca de que la subida del salario mínimo interprofesional para 2025 propuesta desde el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales se sitúa finalmente, como estaba previsto, en el rango más alto de la recomendación realizada por el comité de expertos. Con lo que la oferta de este Ministerio plantea un incremento de 50 euros al mes, lo que llevaría el salario mínimo hasta los 1.184 euros mensuales en catorce pagas, es decir, alcanzar los 16.576 euros anuales

Propuesta que no cuenta con el consenso de empresarios y sindicatos, así :

• Los sindicatos estiman la subida como insuficiente planteando un importe de 1.200 euros mensuales y
• Los empresarios no apoyan esta medida si no va acompañado de medidas complementarias como la posibilidad de revisar los precios de los contratos públicos, entre otras. Ya que, con este importe indicado de SMI, la escalada acumulada sería de casi el 61% respecto al nivel de 2018. Así mismo, destacan que subir 50 euros el salario mínimo supondría un coste para las empresas de en torno a 80 euros al mes –más de 1.000 euros al año por trabajador–. Está claro que los 1.184 euros al mes por catorce pagas supondría, incluyendo las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y el mecanismo de equidad intergeneracional, una horquilla de coste total de entre 1.816 y 1.903 euros mensuales, según sea el tipo de cotización por accidentes de trabajo. Esto junto con otras medidas de reducción en la duración de la jornada laboral,  concluyen que reducirá significativamente la productividad del trabajo y la competitividad de nuestro tejido empresarial.

Al margen de los “rifirrafes” entre los lideres de nuestra queridísima clase política nacional, y el hecho de que no haya consenso entre los actores sociales, sería bueno entender en el contexto actual quien saldría beneficiado con la adopción de la medida propuesta por el departamento de Yolanda Díaz.

El Ministerio de Hacienda ha desatado la polémica al confirmar que está estudiando la posibilidad de no adaptar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) una vez que esta se produzca, como sí hizo con los incrementos de los últimos años. Es decir, en este supuesto y considerando que el mínimo exento actual está situado en 15.876 euros anuales la mejora retributiva de unos 700 euros anuales tendría que pagar unos 300 euros anuales a Hacienda los cual originaría un tipo de gravamen marginal del 42,85% (a través de la retención obligatoria que debe de practicar el empresario y dado que la obligación para presentar la declaración de la renta no opera hasta los 22.000 euros anuales).

Siempre nos han dicho que con la mejora del salario mínimo interprofesional se pretende que los trabajadores tengan mayor dinero disponible que favorezca el consumo interno y por ende las inversiones necesarias para atenderlo contribuyendo de esta forma al crecimiento económico y la generación de riqueza.

Sin embargo, en la práctica, cuando se confirme que Hacienda no acompasa el mínimo exento con la subida salarial que se vislumbra en mi modesta opinión esto no se logrará y esta “polémica medida” se convertirá en un instrumento más de recaudación fiscal. Así que podemos contestarnos ¿quién es el gran beneficiado?

Tomás González
Eudita Sevilla