En el ámbito de la sostenibilidad corporativa, España vive un momento de transformación crucial. Por un lado, la Ley 11/2018, que lleva varios años en vigor, ha establecido las bases para que las empresas informen sobre aspectos no financieros. Por otro, la futura Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (LIES), que adapta la Directiva (UE) 2022/2464, promete un marco más sólido y alineado con los estándares europeos. Sin embargo, con la LIES aún en proceso de aprobación en las Cortes Generales y sin ser obligatoria para el EINF 2024, las empresas se enfrentan a una disyuntiva: ¿se ajustan a la normativa actual o se preparan para lo que está por venir? Este escenario no solo genera incertidumbre, sino que también plantea retos en la lucha contra prácticas que distorsionan la imagen de responsabilidad ambiental y social de algunas organizaciones.

La Ley 11/2018 fue un paso adelante al exigir a las empresas que reportaran información no financiera, incluyendo aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esta normativa, que modificó el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, buscaba promover la transparencia y la rendición de cuentas en materia de sostenibilidad. Sin embargo, con el tiempo, ha mostrado sus limitaciones. Aunque muchas empresas cumplen con los requisitos formales, la calidad y utilidad de la información presentada no siempre es la mejor. Esto ha permitido que algunas organizaciones proyecten una imagen más favorable de su impacto ambiental y social del que realmente tienen, lo que erosiona la confianza en sus compromisos (nos estamos refiriendo al concepto de “greenwashing” o maquillaje verde).

La futura LIES representa un avance importante. Al incorporar estándares europeos de reporting y ampliar el número de empresas obligadas a informar, esta ley busca garantizar que los datos sean más fiables, comparables y transparentes. No obstante, al no estar aún en vigor, genera dudas sobre cómo prepararse para su implementación. Mientras tanto, organismos como el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomiendan a las empresas que comiencen a adaptarse a lo que se espera. Aunque esta recomendación no es obligatoria, subraya la importancia de anticiparse a los cambios que se avecinan.

Uno de los mayores riesgos en este contexto es que algunas empresas puedan caer en la tentación de presentar una imagen más sostenible de la que realmente poseen. Esta práctica no solo debilita la credibilidad de las iniciativas de responsabilidad corporativa, sino que también dificulta que los stakeholders puedan comparar el desempeño real de las organizaciones. La futura LIES, con su enfoque en estándares más rigurosos, busca reducir este riesgo. Sin embargo, mientras la ley no entre en vigor, es esencial que las empresas y los reguladores trabajen juntos para asegurar que la información sea veraz y refleje un compromiso auténtico.

La verificación externa de la información no financiera ya es un requisito bajo la normativa actual, y seguirá siendo un pilar fundamental con la futura LIES. Este proceso, supervisado por el ICAC, tiene como objetivo garantizar que los datos presentados sean confiables y estén alineados con los estándares requeridos. La verificación no solo fortalece la credibilidad de los informes, sino que también contribuye a construir un mercado más transparente y sostenible. Sin embargo, su efectividad dependerá de la rigurosidad con la que se aplique y de la independencia de quienes realizan estas auditorías.

En un entorno empresarial cada vez más complejo, la sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante para el éxito a largo plazo. Las organizaciones que logren integrar prácticas responsables en su estrategia no solo estarán cumpliendo con las expectativas regulatorias, sino que también estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. La transición entre la Ley 11/2018 y la futura LIES es una oportunidad para avanzar hacia una sostenibilidad corporativa más sólida y transparente.

Sin embargo, este proceso no está exento de dificultades. La falta de claridad normativa y el riesgo de que algunas empresas presenten una imagen distorsionada de su impacto ambiental y social pueden generar desconfianza. Por eso, es fundamental que las organizaciones adopten un enfoque proactivo, preparándose para los cambios que se avecinan y asegurándose de que sus prácticas sean auténticamente sostenibles.

En un mundo donde la sostenibilidad es cada vez más valorada, las empresas tienen la responsabilidad de liderar el cambio. Esto no solo implica cumplir con las normativas vigentes, sino también ir más allá, adoptando prácticas que contribuyan de manera significativa al bienestar social y ambiental. La transición hacia un marco normativo más robusto, como el que promete la LIES, es una oportunidad para demostrar este compromiso. Sin embargo, el verdadero éxito dependerá de la capacidad de las empresas para integrar la sostenibilidad en su ADN, no como una obligación, sino como una convicción.

En este contexto, la colaboración entre empresas, reguladores y verificadores será clave para construir un futuro más sostenible y transparente. Porque, al final, la sostenibilidad no es solo una cuestión de normativas, sino de acciones concretas que generen un impacto positivo en el mundo.